GRUPO ORLEGI INVESTIGADO POR PRESUNTA DEFRAUDACIÓN
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra Alejandro Irarragorri, presidente y director de Grupo Orlegi, empresa dueña de equipos del futbol Mexicano como Santos y Atlas, por una supuesta defraudación fiscal de 17 millones 69 mil 865 pesos.
Según información del diario Reforma, Autoridades hacendarias confirmaron que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó una denuncia contra el empresario debido a que, omitió el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los salarios de los jugadores del Club Santos Laguna, durante el período de enero a julio de 2017.
Desde el pasado 5 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó al equipo de futbol las observaciones derivadas de una revisión realizada a su contabilidad, en la cual se detectó la posible omisión de impuestos.
La Procuraduría Fiscal llevó a cabo una investigación el año pasado sobre un pago de 54 millones 22 mil 690 pesos que el club de fútbol realizó a 26 jugadores y miembros del cuerpo técnico. Entre ellos se encuentran directivos como José Manuel de la Torre y Benjamín Galindo, así como los jugadores Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco y Julio César Furch.
Según las autoridades hacendarias, los directivos habrían ideado una estrategia para evitar la retención y el pago del ISR en esos depósitos, registrandolos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, las cuales están legalmente exentas de dicho impuesto. Además, utilizaron un “contrato colectivo” con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Conexos de la República Mexicana para realizar los pagos.
El Santos Laguna ha defendido ante las autoridades fiscales su postura de no haber pagado más de 17 millones de pesos por concepto de ISR a los salarios, argumentando que la ley no obliga a cubrir esa contribución en pagos de primas indemnizatorias. Es importante destacar que en la actualidad, la defraudación fiscal no implica automáticamente una pena de cárcel.
