FISCALÍA DE CDMX NIEGA ESPIONAJE, OPOSICIÓN RESPONDE.

Las autoridades de la Ciudad de México han desmentido las acusaciones de “vigilancia” contra opositores, como fue reportado por el diario The New York Times. La Fiscalía de la Ciudad de México sugiere la posibilidad de oficios falsos que habrían suplantado a la dependencia, rechazando cualquier participación oficial en prácticas de espionaje.

A pesar de estas negaciones, figuras públicas como el político panista Santiago Taboada y Alessandra Rojo de la Vega han denunciado ser objeto de espionaje bajo el pretexto de investigaciones sobre secuestro. Han presentado documentos que indican que la Fiscalía solicitó información a la empresa Telcel sobre sus llamadas telefónicas.

Estas revelaciones plantean preocupaciones sobre la privacidad y la posibilidad de un uso indebido de la información por parte de las autoridades. La situación también resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de datos personales y en las prácticas de vigilancia por parte de las instituciones gubernamentales.

“Únicamente ha proporcionado información en materia de localización geográfica de los equipos de comunicación móvil, así como del registro y control de comunicaciones de líneas telefónicas, más no de intervención de comunicaciones”, se lee como respuesta de Radiomóvil Dipsa dentro de un expediente que aparece con el número 115/2023.

La controversia en torno a la supuesta vigilancia a opositores continúa, ya que el equipo de Santiago Taboada ha compartido documentos judiciales que revelan solicitudes de datos telefónicos realizadas por funcionarios de la Fiscalía de la Ciudad de México. Dichas solicitudes, firmadas por Alejandro Ignacio Santamaría, fiscal de investigación del delito de secuestro, y César Oliveros Aparicio, coordinador general de investigación de delitos de alto impacto, requieren información de líneas telefónicas para los años 2020, 2021 y 2022.

Los documentos también indican solicitudes específicas, como la geolocalización en tiempo real de un número durante un período determinado, con instrucciones de actualización cada 30 minutos y envío de datos a una dirección de correo electrónico específico de la Fiscalía.

La controversia en torno a la presunta vigilancia a opositores se intensifica con nuevas revelaciones. Alessandra Rojo de la Vega ha presentado un documento en el que se solicitan datos de llamadas, mensajes y conexiones a internet relacionados con una carpeta de investigación sobre el delito de extorsión. La solicitud lleva la firma de Andrea Cabrera, actual titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro.

Ante estas revelaciones, la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ha acusado al diario The New York Times de utilizar “información falsificada” y ha anunciado una investigación interna para esclarecer la supuesta falsedad de documentos. Godoy asegura que no existen registros de estas solicitudes dentro de la Fiscalía y cuestiona la veracidad de los documentos presentados por los afectados.

Esta situación plantea serias dudas sobre la integridad de los procedimientos y la transparencia en el manejo de la información por parte de las autoridades, generando un debate sobre la protección de la privacidad y los posibles abusos en el uso de la información por razones políticas.