BUSCAN ANULAR DE REELECCIÓN DE BUKELE EN EL SALVADOR

Mientras el presidente Nayib Bukele busca la reelección, un creciente número de voces insta a las autoridades electorales a revertir su aceptación de la candidatura del líder popular, argumentando que constituye una clara violación de la constitución de El Salvador.

Bukele ha ganado un apoyo inquebrantable de muchos en esta nación centroamericana de 6,5 millones de habitantes tras su feroz represión contra las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, lo que puso fin a un terror casi constante en la vida cotidiana de la población. Sin embargo, numerosos expertos y grupos de vigilancia internacionales sostienen que la seguridad se ha conseguido a gastos de los derechos humanos, y que las medidas autoritarias de Bukele han ido minando lentamente la ya frágil democracia del país.

Estos expertos y grupos piden al Tribunal Supremo Electoral que anule la candidatura de Bukele en las elecciones de febrero, aunque el organismo ya la ha aceptado y no muestra indicios de cambiar su posición.

El martes, dos abogados, un ciudadano y un partido político se unieron a las peticiones para anular la candidatura de Bukele, sumándose a solicitudes similares ya presentadas por partidos como la conservadora Alianza Nacional Republicana. Los recursos presentados ante el Tribunal Supremo Electoral argumentan que la reelección está prohibida por la constitución del país.

“Es ilegal, es inconstitucional”, afirmó Salvador Enrique Anaya, uno de los abogados que cuestionaron la candidatura de Bukele. “Al menos siete disposiciones constitucionales prohíben la reelección inmediata de un presidente”.

A pesar de los claros límites del mandato presidencial, un grupo de jueces de la Corte Suprema, nombrados por los partidarios de Bukele en el Congreso, afirmaron en 2021 que sería legal para el líder buscar la reelección y ordenaron al tribunal electoral que lo permitiera.

Sin embargo, los críticos del presidente argumentan que esta medida fue solo la última de una serie de acciones para consolidar su poder, subrayando la falta de controles y equilibrios efectivos en el sistema político del país. Desde que asumió el cargo en 2019, Bukele ha suspendido indefinidamente los derechos constitucionales para luchar contra las pandillas y ha encarcelado a decenas de miles de personas en una “megaprisión”. Además, su gobierno ha perseguido a opositores políticos, activistas, críticos y periodistas, y ha controlado fuertemente los mensajes, respaldado por un ejército de cuentas de redes sociales que difunden propaganda gubernamental.

A pesar de las alarmas sonadas por los críticos de Bukele, la administración Biden ha guardado silencio en gran medida sobre las próximas elecciones en El Salvador.

La semana pasada, en una votación de 4-0 y una abstención, el Tribunal Supremo Electoral aprobó la candidatura de Bukele a la presidencia, argumentando que él y su compañero de fórmula para la vicepresidencia, Félix Ulloa, cumplían “los requisitos legales” para postularse.

Bukele tomó la decisión en Twitter, escribiendo: “¡Registro legal! Y sin ningún voto en contra”.

El lunes, los cuatro jueces del tribunal que votaron para aprobar la candidatura de Bukele reiteraron que acatarán la resolución de la Corte Suprema de 2021, la cual afirmó que la reelección de Bukele era legal, a pesar de las restricciones constitucionales.