PROPONEN UN AÑO DE PLAZO PARA AJUSTAR A LA NUEVA JORNADA LABORAL
En el marco del primer foro del Parlamento Abierto celebrado en la Cámara de Diputados, el magistrado Héctor Arturo Mercado López presentó una rápida pero profunda revisión de las problemáticas laborales actuales, desde la disminución salarial hasta las extensas jornadas laborales que no son compensadas adecuadamente.
En menos de 10 minutos, Mercado López esbozó una taxonomía de un mundo laboral que, según él, necesita una reducción urgente en la duración de las jornadas laborales, proponiendo que este cambio se implemente en un plazo de un año.
Este planteamiento se enmarca dentro del proyecto legislativo que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, proponiendo la modificación del artículo 123 constitucional para establecer que cada persona trabajadora tiene derecho a dos días de descanso por cada cinco días de trabajo. La discusión en el Parlamento Abierto destaca la importancia de abordar estas cuestiones laborales cruciales para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
La propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales fue presentada por la diputada Susana Prieto del partido Morena y ya ha recibido la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Partido Acción Nacional (PAN), la segunda fuerza política, y diversos sectores de la iniciativa privada se mostraron en contra de esta reforma.
Ante esta controversia, se acordó llevar a cabo un Parlamento Abierto que involucrará a organizaciones empresariales y sindicales, así como a expertos académicos y judiciales. Este proceso democrático contempla cuatro sesiones y está programado para concluir el 13 de noviembre, durante estas reuniones, se espera discutir ampliamente los aspectos de la propuesta y considerar diversas perspectivas antes de tomar una decisión definitiva.
En el primer foro sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, la representación empresarial fue mayoritaria. Sin embargo, hubo voces, como las de la magistrada María del Rosario Jiménez Moles y el magistrado Héctor Arturo Mercado, que plantearon argumentos jurídicos, históricos, económicos, políticos y de derechos humanos en torno al tema.
Durante más de una hora de discusiones, ninguno de los participantes, ya son representantes empresariales que solicitaron tiempo para analizar la reforma y proponer otros enfoques, ni los diputados que apoyaban el proyecto y estaban dispuestos a hacer modificaciones, presentaron propuestas concretas. Fue entonces cuando intervino el magistrado Mercado con una propuesta clara: “Creo que hay un cierto consenso en que se debe aprobar. El problema radica en cuándo hacerlo. En mi opinión, deberíamos hacerlo ahora. Sí, establezca un plazo de gracia, ¿de ¿Cuánto? Un año, pero con una condición: que las empresas estén obligadas por ley a proporcionar capacitación a su personal”.
